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Rosalinda Ávalos vive con miedo y zozobra de ser asesinada. La única certeza que tiene es que la justicia en San Luis Potosí no la protege. Exagente de investigación de la Fiscalía potosina, lleva casi cinco años exigiendo que se investiguen los vínculos de servidores públicos con el crimen organizado, entre ellos resalta el caso de Sabás Santiago Ipiña, exaspirante a juez quien la demandó por exhibir sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Vivo con mucha zozobra todo el tiempo, ha sido muy complicado porque pues salir de todo de primero pues el duelo, la depresión, el estrés postraumático. Mi hija quedó con unas lesiones en el brazo, siempre pienso qué va a suceder, qué voy a hacer si ellos toman represalias. Me van a matar”,
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Rosalinda asegura que hay impunidad total en el estado, por lo que pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para que se investigue realmente lo que pasa en el estado.
Pide intervención de la FGR
En entrevista con La Silla Rota, pidió que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. “Le pido (a la presidenta) que me escuche. Que vea cómo la fiscalía estatal protege a los delincuentes y no a las víctimas. Necesitamos una limpieza en las corporaciones”
Actualmente vive bajo medidas de protección que considera insuficientes: vigilancia en su domicilio y un canal de comunicación con las autoridades. Sin embargo, en el estado, su caso no avanza.
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En 2021, Ávalos, quien trabajaba como policía de investigación en la Fiscalía estatal, denunció a Sabás Santiago Ipiña por sus presuntos nexos con el CJNG y por brindar protección a grupos criminales.
En febrero de este año, Rosalinda acudió al recinto legislativo cuando se hacían las comparecencias de aspirantes a jueces y denunció que Santiago Ipiña tenía relación con el ataque a sus hijos.
“Soy policía de investigación y por hacer bien mi trabajo, él participó (en el homicidio de sus hijos), incluso hace días detuvieron a un objetivo criminal del cártel en Ahualulco y él se presentó como abogado defensor”, dijo en ese momento.
Rosalinda Ávalos, vive con el temor de ser asesinada por denunciar los vínculos de las autoridades en San Luis Potosí con el crimen organizado.
Poco después, él respondió con una demanda por daño moral y una querella penal contra ella. Al revisar el expediente, Ávalos descubrió que los testigos en su contra son personas que ella misma había identificado como integrantes del CJNG, entre ellos un abogado de un jefe de plaza en la Huasteca.
“Eso confirma que nunca mentí. Entonces los nexos eran reales y hay pruebas, existen las pruebas de que esos testigos pues pertenecen a estos grupos”, sostiene.
Mientras tanto, la carpeta que presentó contra Ipiña y otros agentes sigue sin avanzar desde 2021. En contraste, la denuncia en su contra ya fue turnada y avanza en los tribunales. “Es un conflicto de interés, y nadie hace nada. Pero a mí sí me investigan”, reclamó.
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La muerte de sus hijos
El 6 de noviembre de 2020, dos de sus hijos fueron asesinados en un ataque armado en San Luis Potosí. Rosalinda relata que el crimen no fue un hecho aislado, sino parte de una red de complicidades: policías de investigación y agentes del Ministerio Público brindaban protección a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde entonces, la carpeta por homicidio sigue abierta y ella señala que aún hay responsables en libertad, sin embargo la investigación avanza muy lentamente.
VGB
[SRC] https://lasillarota.com/nacion/2025/9/26/excandidato-juez-demanda-mujer-que-lo-ligo-al-crimen-organizado-558675.html
