Juicio por el Caso Novo Carthago: Altos Cargos de Murcia en el Banquillo por Presunto Delito Urbanístico
La Audiencia Provincial de Murcia ha iniciado el juicio contra siete ex altos cargos del gobierno murciano durante la gestión de Ramón Luis Valcárcel por el presunto pelotazo urbanístico conocido como Caso Novo Carthago. Los acusados, entre ellos ex consejeros de Urbanismo y Medio Ambiente, están siendo juzgados por la reclasificación de terrenos protegidos cerca del Mar Menor para la construcción de 10.000 viviendas y dos campos de golf.
El Proyecto Novo Carthago y Sus Orígenes
El caso se remonta al año 2002, cuando la promotora Hansa Urbana adquirió 567 hectáreas de suelo en el Saladar de Lo Poyo, en Cartagena. Estos terrenos, clasificados como Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y parte de la Red Natura 2000, estaban protegidos medioambientalmente. A pesar de ello, se presentó un proyecto para construir un complejo urbanístico que nunca se materializó debido a la presión social y al estallido de la burbuja inmobiliaria. En 2003, la presentación del proyecto contó con la presencia de Ramón Luis Valcárcel y la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, ambos investigados en la fase de instrucción pero no juzgados.
Acusaciones y Responsabilidades
Según la fiscalía, el proyecto Novo Carthago buscaba “reclasificar como urbanizable un espacio natural protegido con acreditados valores naturales”. Se alega que el Gobierno murciano modificó el plan general de ordenación urbana de Cartagena y el plan de ordenación de recursos naturales para eliminar la protección medioambiental. Tanto la fiscalía como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) señalan a Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura y Agua, como principal responsable, solicitando para él tres años y medio de prisión e inhabilitación por falsedad en documento público y prevaricación.
Las Declaraciones de los Acusados
Joaquín Bascuñana, exconsejero de Obras Públicas y exdelegado del Gobierno, también se enfrenta a una acusación de prevaricación, con una solicitud de seis años y medio de inhabilitación. En su defensa, Bascuñana argumentó que su "obligación y responsabilidad" era aprobar el expediente de recalificación, ya que contaba con todos los informes preceptivos. Manuel Alfonso Guerrero, exdirector general de Urbanismo, admitió haber participado en una reunión sobre el proyecto, mientras que José María Ródenas, exsubdirector general de Urbanismo, defendió la legalidad de las modificaciones realizadas.
Otros Acusados y Testigos Clave
Además de Cerdá y Bascuñana, otros ex altos cargos y asesores del Gobierno regional están siendo juzgados, incluyendo a María Antonieta Fernández Cano, exasesora de Cerdá, acusada de prevaricación y blanqueo de capitales. Entre los 36 testigos que declararán se encuentran el expresidente Valcárcel y la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.
El Desarrollo del Juicio y las Implicaciones
El juicio, que continuará el 7 de octubre y se extenderá durante 20 sesiones, busca esclarecer las responsabilidades en la supuesta recalificación ilegal de terrenos protegidos junto al Mar Menor. La fiscalía sostiene que las consejerías de Cerdá y Bascuñana impulsaron y aprobaron el proyecto, sorteando los obstáculos legales. Este caso podría tener importantes consecuencias políticas y legales en la Región de Murcia.
