Condena Internacional a la Represión en Venezuela tras Informe de la ONU
La comunidad internacional condenó enérgicamente la situación de los derechos humanos en Venezuela y exigió la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente. Esta reacción surge como respuesta a un informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas que documenta una represión sistemática tras las elecciones presidenciales de 2024.
Denuncias y Exigencias en el Consejo de Derechos Humanos
Durante las deliberaciones en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, numerosos países denunciaron las violaciones documentadas en el informe y solicitaron acciones concretas por parte del régimen chavista para poner fin a la persecución política.
La Unión Europea expresó su profunda preocupación por los actos de represión mencionados en el informe, especialmente contra quienes disienten. Instó a investigar los hechos, a que los responsables rindan cuentas, y exigió la liberación inmediata de todos los detenidos, incluidos extranjeros, así como el cese de las detenciones arbitrarias. Además, solicitó que se retiren las acusaciones contra las organizaciones no gubernamentales.
España se sumó a la evaluación de la UE, señalando que el informe demuestra que la represión se intensificó después de las elecciones de 2024. Exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos arbitrariamente y reveló que cuenta con 4 detenidos y 16 doble nacionales detenidos arbitrariamente en Venezuela.
Argentina condenó especialmente la práctica de detener arbitrariamente a extranjeros y mantenerlos en aislamiento, situación que calificó como desaparición forzada. Exigió la liberación de personas detenidas arbitrariamente, el cese del hostigamiento a ONGs y la cooperación con la misión del Alto Comisionado. El embajador Carlos Mario Foradori hizo referencia al gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido.
Chile describió el informe como evidencia de "la reactivación de la represión en Venezuela", calificando las conclusiones como alarmantes por documentar la represión a la disidencia y oposición. Instó al Estado venezolano a cesar estas prácticas.
Brasil manifestó que sigue atento a la situación en Venezuela e instó a las autoridades a mejorar la situación de derechos humanos. Expresó preocupaciones por las detenciones de carácter político, aunque también mostró inquietud por las sanciones unilaterales impuestas a Venezuela.
Paraguay señaló que la situación de derechos humanos en Venezuela se agravó tras las elecciones en 2024 y reiteró su llamado a las autoridades venezolanas para que garanticen el pleno respeto de la voluntad del pueblo venezolano.
Perú expresó una vez más su preocupación por el nivel de acoso, encarcelamiento de disidentes, desaparición forzada y hostigamiento de periodistas y disidentes. Rechazó la detención arbitraria de dos ciudadanos peruanos y exigió a las autoridades respetar sus derechos y brindar información sobre ellos.
La Organización de Estados Americanos (OEA) criticó que el Consejo Electoral venezolano aún no ha publicado las actas de recuento un año después de las elecciones, lo que socava la credibilidad del proceso. Denunció que las instituciones del Estado están diseñadas como instrumentos para perpetuar al gobierno en el poder.
Los únicos países que intervinieron en defensa de Venezuela fueron aliados geopolíticos del régimen chavista como Irán, Rusia, Corea del Norte y Zimbabue. Cuestionaron la legitimidad de la Misión de Naciones Unidas y condenaron las sanciones internacionales impuestas a la dictadura de Maduro.
El Informe de la Misión de la ONU y la Impunidad
Las condenas internacionales se basaron en el informe presentado por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, que abarca el periodo entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. El documento documenta detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia durante el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2024, así como represión intensificada contra opositores, periodistas y manifestantes.
La Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela afirmó que las investigaciones confirman que sigue ocurriendo “el crimen de persecución por razones políticas”.
"No existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales", por lo que “la única esperanza de justicia para las víctimas” recae en definitiva en la comunidad internacional.
El informe presentado en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos aporta “nueva evidencia de la dura represión postelectoral que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024” y establece que la persecución política “ha continuado en 2025 contra aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades”.
Marta Valiñas, presidenta de la Comisión, destacó que de las 25 muertes relacionadas con ese episodio represivo se pudieron examinar y documentar suficientemente 14, y que en doce de éstas estaban involucradas las fuerzas de seguridad. Denunció que, hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad.
