El Gobierno exige a cuatro comunidades autónomas la creación del registro de objetores de conciencia al aborto
El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, ha intensificado la presión sobre las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que creen el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia frente al aborto. El requerimiento formal, enviado este lunes, da un plazo de tres meses a estas regiones para cumplir con la ley de 2023. En caso contrario, el Ejecutivo central advierte con emprender acciones legales.
¿Qué implica este registro de objetores?
El registro es un listado que debe recoger los nombres de los profesionales sanitarios que, por objeción de conciencia, se niegan a participar en la práctica de abortos. La ley de 2023, impulsada por Irene Montero, establecía la obligatoriedad de este registro, cuyos criterios se definieron a finales de 2024 en el Consejo Interterritorial de Salud.
Según fuentes del Gobierno, la falta de este registro "limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley". Se argumenta que el respeto a la objeción de conciencia no puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres.
Reacciones de las Comunidades Autónomas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que se "señale" a los profesionales y ha asegurado que se tomará "con tiempo" la respuesta al requerimiento, insistiendo en que no se debe "estigmatizar" a nadie.
Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, considera que la carta es una "cortina de humo" para desviar la atención de otros asuntos, aunque ha asegurado que la comunidad autónoma cumplirá con la ley.
El Contexto Político y el Debate de Fondo
Este movimiento del Gobierno central se produce en un contexto de creciente debate sobre el derecho al aborto en España. Recientemente, el Ayuntamiento de Madrid aprobó una iniciativa de Vox relacionada con el síndrome post aborto, generando controversia y llevando a Pedro Sánchez a plantear la posibilidad de blindar el derecho al aborto en la Constitución.
El Gobierno busca garantizar que todas las mujeres, independientemente de su lugar de residencia, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y con todas las garantías. Se pretende evitar que la objeción de conciencia se convierta en una "coartada institucional" que dificulte el acceso a este derecho.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ya había adelantado que su departamento estaba elaborando un informe para constatar qué comunidades autónomas no facilitan la práctica de abortos en la sanidad pública y cuáles no habían regulado el registro de objetores.
El Problema de la Desigualdad Territorial
Se denuncia que en algunas comunidades autónomas, como Madrid, un porcentaje muy bajo de abortos se practican en hospitales públicos, derivándose la mayoría a clínicas privadas. En otros territorios, como Ceuta y Melilla, directamente no se realizan abortos en la red pública y las pacientes son enviadas a la Península. Esta situación genera una desigualdad en el acceso al derecho al aborto dependiendo del lugar de residencia.
El Gobierno considera que la creación de los registros de objetores es una herramienta fundamental para organizar el sistema sanitario y garantizar que siempre haya profesionales disponibles para practicar abortos, evitando que la objeción de conciencia se convierta en un "tapón estructural".
