La justicia estadounidense insiste en los pleitos que obligan a España a indemnizar a los inversores en energías renovables cuyas primas se vieron minoradas como consecuencia de la reforma eléctrica que se aprobó en 2013. El Tribunal de Distrito de Columbia ha vuelto a fallar en contra de los intereses españoles, al ratificar la validez del laudo que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) —corte de arbitraje dependiente del Banco Mundial— dictó en 2019 con relación a la demanda planteada por Cube Infrastructure, por el que reconoció el derecho de cobrar más de 40 millones de euros. Se trata del quinto fallo de la justicia estadounidense en contra de España, que reitera que los arbitrajes intra-UE (entre inversores comunitarios y Estados miembros de la Unión Europea) no pueden ser reconocidos.
El fallo dictado por la jueza Loren L. Alikhan, con fecha del pasado 14 de agosto y al que ha tenido acceso CincoDías, rechaza los argumentos de España acerca de que la ejecución del laudo vulnera su inmunidad soberana, a lo que añade que el Ciadi no tiene competencia para analizar la demanda y que los tribunales norteamericanos no pueden revisar el fondo y la validez del laudo dictado. La magistrada reprocha que España alegue que “se le obliga injustamente a cumplir con un tratado que firmó, el cual establece explícitamente que los laudos son definitivos y vinculantes”, en referencia a la convención que regula la actuación de la corte de arbitraje con sede en Washington.
De este modo, el fallo se suma a otros previos, con fundamentos similares, que a mediados de agosto también inclinaron la balanza a favor de los demandantes y que abren la puerta al embargo cautelar de nuevos bienes de España en el extranjero con el objetivo de afianzar el abono de la indemnización. Se trata de los casos Watkins, Infrastructure Services (conocido como caso Antin), RREEF o Infrared —cuyos derechos legales pertenecen al fondo norteamericano Blasket Renewables—, así como NextEra Energy (la mayor eléctrica del mundo).
Por el momento, de las 27 demandas que se han saldado a favor de los inversores o fondos oportunistas, cuyas compensaciones suman alrededor de 1.500 millones de euros más intereses legales, España solo ha afrontado la indemnización de unos 23,5 millones a la japonesa JGC, después de recibir la aprobación de la Comisión Europea y tras negociar con Blasket poner fin a todos los procedimientos abiertos alrededor de este asunto, según indicaron fuentes del Ministerio de Transición Ecológica. De hecho, fuentes gubernamentales calculan que de dicha factura total se pueden ahorrar más de 1.300 millones, ya que es la cantidad que corresponde a arbitrajes iniciados por sociedades afincadas en la Unión Europea.
Por su parte, fuentes cercanas a los demandantes apuntan que las recientes sentencias estadounidenses son una prueba de que la tesis del Gobierno sobre que este tipo de laudos no serían ejecutables en suelo norteamericano decae. En este sentido, advierten de que si no logran cerrar un nuevo acuerdo con el Ejecutivo español, como el sellado en junio en lo que se refiere a JGC, “el Reino de España se expone a una escalada de litigios y medidas de ejecución que pueden comprometer su reputación internacional y su patrimonio en el extranjero, especialmente en EE UU”.
El visto bueno de Bruselas es clave para abonar las indemnizaciones. La Abogacía del Estado y los despachos de abogados contratados para apoyar la labor de los servicios jurídicos del Estado han planteado dos objeciones para no abonar las condenas: que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) limitó los arbitrajes intra-UE y que la Comisión Europea tiene que autorizar el abono de dichas compensaciones. Esta segunda alegación se vio reforzada en marzo cuando la Comisión Europea se pronunció sobre el caso Antin y calificó la indemnización reconocida por el Ciadi como “ayuda estatal ilegal”, lo que se convirtió en una nueva arma legal para España que trata de anular los litigios iniciados por inversores europeos y que han provocado embargos de activos españoles en el extranjero, como los pagos de la pública Enaire por parte del gestor del tráfico aéreo en Europa, Eurocontrol, así como bienes inmuebles como la sede del Instituto Cervantes en Londres.
[SRC] https://cincodias.elpais.com/companias/2025-09-23/la-justicia-de-ee-uu-reconoce-por-quinta-vez-un-laudo-contra-espana-por-el-recorte-de-las-primas-de-las-renovables.html