Las acampadas estudiantiles que sacudieron los campus españoles en la primavera de 2024 parecían, en un primer momento, un gesto simbólico de solidaridad con Palestina. Sin embargo, un año después, aquellas tiendas de campaña improvisadas han derivado en un auténtico campo de batalla jurídico. Al menos cinco universidades —Burgos, Málaga, Valencia, Granada y Complutense— están siendo arrastradas a los tribunales por Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), un lobby abiertamente alineado con el Gobierno de Benjamín Netanyahu.
De acuerdo con el diario El País, el conflicto no es menor. En un momento en que la presión internacional sobre Israel se multiplica por la ofensiva militar en Gaza, las universidades españolas decidieron cortar lazos académicos con aquellos campus israelíes que no se pronunciaran a favor de la paz. Fue un gesto cargado de simbolismo, pero también de riesgos: hoy, la validez de esas decisiones se está discutiendo en los tribunales superiores de justicia, con resultados desiguales y con un horizonte aún incierto.
La estrategia de ACOM es clara: judicializar la solidaridad. La asociación presidida por Ángel Mas, que se presenta como “directivo de multinacionales financieras”; y que es a su vez vocal del laboratorio de ideas Pie en Pared, comandado por políticos y expolíticos del PP, Ciudadanos y Vox, no ha dejado de presentar demandas por todo el país. Algunas prosperan, otras son rechazadas, pero el objetivo parece ser sembrar el miedo en las instituciones académicas que se atrevan a romper con Israel. Se trata, en definitiva, de una ofensiva legal que va más allá de los tribunales: busca condicionar el debate público y frenar la creciente ola de rechazo académico a la guerra en Gaza.
Las universidades, por su parte, se enfrentan a una encrucijada. El gesto político de 2024 —romper relaciones con quienes no condenen los crímenes contra la humanidad— está chocando con una legislación que blinda la “no discriminación” como principio rector. Los jueces, de momento, parecen inclinarse más por la letra de la ley que por el clamor social.
Sentencias divididas y un tablero judicial incierto
Las resoluciones no han sido homogéneas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la decisión de la Universidad de Granada, calificándola de “discriminatoria” al responsabilizar colectivamente a estudiantes y profesores israelíes. El fallo contra la Universidad de Valencia siguió la misma línea. En cambio, en Burgos y Málaga, las demandas de ACOM fueron desestimadas en primera instancia, aunque la batalla continúa en apelación.
La Complutense de Madrid, uno de los símbolos de las protestas estudiantiles, ha recurrido la sentencia que anula parcialmente su plan de boicot. Su gabinete insiste en que seguirá defendiendo principios de paz y derechos humanos, pero siempre dentro de los márgenes legales.
La paradoja de la excelencia académica
El choque es aún más paradójico si se observa el mapa universitario mundial. Israel, con menos de 10 millones de habitantes, coloca siete universidades en el ranking Shanghái, tres de ellas entre las cien mejores del planeta. España, con 48 millones de ciudadanos y una universidad pública infrafinanciada, apenas logra situar a Barcelona en la franja 150-200. Es decir, los campus españoles están renunciando a colaborar con instituciones punteras en biomedicina o ciencias computacionales, aunque lo hagan por motivos éticos.
La voz incómoda de ACOM
ACOM se presenta como defensora de Israel y acusa a las universidades de antisemitismo encubierto. En su web y redes sociales, insiste en que Israel no presume de “rascacielos o islas artificiales”, sino de tecnologías que sirven “a toda la humanidad”. El mensaje es claro: romper con la academia israelí es un error no solo político, sino también científico y económico.
Pero la asociación no es un actor neutral. Sus vínculos con figuras del PP, Ciudadanos y Vox, así como con grandes donantes de Netanyahu, revelan una agenda política más amplia: blindar a Israel frente a la creciente ola de críticas internacionales.
Mientras los jueces dictan sentencias, algunas universidades han optado por redoblar su compromiso con Palestina. La Universidad del País Vasco renunció a convenios por valor de 247 millones de euros y la de Barcelona prepara campañas para reconstruir el sistema universitario en Gaza. El gesto no solo es simbólico: busca equilibrar la balanza y demostrar que hay un compromiso real con los derechos humanos más allá de los comunicados oficiales.
En última instancia, lo que se dirime en los tribunales no es solo la legalidad de cortar acuerdos con universidades israelíes. Se trata de un pulso más amplio: ¿pueden las instituciones académicas actuar como actores políticos en defensa de los derechos humanos o deben limitarse a ser neutrales gestores del conocimiento? ACOM ha convertido esa pregunta en una batalla judicial, pero el eco social va mucho más allá de los juzgados. @mundiario
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