El reciente informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha sacado a la luz posibles irregularidades en dos contratos públicos adjudicados por Red.es, por un importe total de 8,4 millones de euros, a la UTE formada por Innova Next y The Valley Digital. Según el documento, se habrían considerado cartas de recomendación, incluidas las emitidas por Begoña Gómez, esposa del presidente, como un factor relevante en la valoración técnica. Esto plantea la cuestión de si la ponderación de estas cartas puede alterar la igualdad de condiciones entre los licitadores y, por tanto, vulnerar los principios de transparencia y concurrencia que rigen la contratación pública en España.
La IGAE señala que la mesa de contratación no contaba con competencia para evaluar criterios técnicos no cuantificables mediante fórmulas, y que la documentación revisada carece de trazabilidad, con metadatos borrados y ausencia de firmas, lo que dificulta verificar la autenticidad y responsabilidad sobre la valoración. Este escenario genera un alto riesgo de arbitrariedades, aun cuando la mesa de contratación actuara de buena fe, y evidencia que los mecanismos internos de control y prevención de conflictos de interés resultan insuficientes.
La perspectiva judicial y europea
Paralelamente, el juez Juan Carlos Peinado mantiene bajo investigación otros seis contratos relacionados con el empresario Barrabés, mientras que la Fiscalía Europea centra su pesquisa en los proyectos financiados con fondos comunitarios. Esta doble vía de investigación refleja la complejidad del caso, pero también el desafío de coordinar jurisdicciones y competencias cuando intervienen fondos públicos europeos.
El debate no es solo legal, sino ético. La percepción de favoritismo, aunque no se confirme irregularidad penal, puede erosionar la confianza de la ciudadanía en la administración pública. Por ello, resulta crucial que los órganos de control, nacionales y europeos, actúen con transparencia y que sus conclusiones se comuniquen con claridad, evitando filtraciones que puedan distorsionar la percepción pública antes de una resolución judicial definitiva.
Fortalecer la gestión y prevenir conflictos
Más allá del caso individual, este episodio evidencia la necesidad de revisar y modernizar los procedimientos de contratación pública. La implementación de comités técnicos independientes, con criterios evaluables de forma objetiva y trazabilidad completa de los informes, sería un primer paso para reducir riesgos de arbitrariedad y proteger la igualdad entre licitadores. Además, reforzar la formación en ética y prevención de conflictos de interés en organismos públicos podría prevenir situaciones que, aunque no sean delictivas, comprometan la reputación institucional.
La defensa de Barrabés y la postura del Gobierno recuerdan que la legalidad formal puede coexistir con deficiencias en transparencia y percepción ciudadana. La verdadera lección de este caso es que la confianza en la administración no se basa únicamente en cumplir la ley, sino en demostrar que los procesos son claros, imparciales y revisables. La ciudadanía merece certeza y coherencia, no interpretaciones subjetivas ni incertidumbre sobre la gestión de fondos públicos. @mundiario
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