Pretextando el aniversario de la tragedia de Ayotzinapa, padres de los desaparecidos embistieron la puerta de acceso al Campo Militar Número Uno, con un camión que luego fue incendiado. No se trató de una acción trivial, se vulneró la seguridad de la instalación más resguardada del país, donde está la residencia del secretario de la Defensa. La Presidenta calificó los hechos como “una provocación”, asegurando que “no caería en represalias”. Pero la prudencia retórica no sustituye la aplicación de la ley. Porque derribar portones no es sólo un acto de vandalismo, es traspasar el umbral de la democracia, el límite donde la protesta legítima se convierte en delito y donde la tolerancia oficial comienza a parecer complicidad.
Si la protesta es grito y pancarta, la prudencia puede ser sensata. Si la protesta utiliza un vehículo como ariete, prende fuego a una unidad y arriesga a terceros, hablamos de un delito. El agresor que sabe que no pasa nada, tiende a repetir el ilícito.
Apenas rememoramos el 2 de octubre de 1968 y los sucesos acaecidos durante la revuelta estudiantil. El 30 de julio de dicho año, el Ejército accionó bazucas contra los portones de la preparatoria 1 de San Ildefonso y de la preparatoria 3 de la UNAM, también hubo disparos contra un portón de Palacio Nacional. Las puertas destrozadas de entonces fueron la antesala de una ruptura histórica entre el Estado y una generación.
De entonces a la fecha, el simbolismo de la puerta ha seguido vigente. Los portones han sido blanco físico y emblemático de la confrontación política mexicana. En marzo de 2024, la memoria reciente fue sacudida otra vez, normalistas de Ayotzinapa utilizaron una camioneta de la CFE como ariete contra la puerta que da acceso a Palacio Nacional por la calle de Moneda. La madera cedió, vidrios rotos, pintas, petardos y el intento de irrumpir en el recinto presidencial en transmisión abierta. El presidente calificó aquello como una provocación. No hubo detenidos. El daño fue material, pero la herida fue simbólica: la sensación de que las puertas del poder podían ceder frente al golpe.
Y ahora, en torno a otro aniversario, volvemos a lo mismo en el Campo Militar Número Uno, una puerta tirada, un vehículo incendiado, un delito a plena luz del día y la reiteración del argumento de la provocación. ¿Por qué la tolerancia hacia revoltosos que de manera agresiva destruyen bienes de la Nación? Si usted o yo cometemos un ilícito, habremos de pagar daños y perjuicios y de proceder, pena corporal. Quien delinque no es un provocador, es un delincuente.
Cada puerta derribada es una advertencia que no conviene ignorar. No vaya a ser que de seguir tolerando el derribo de portones, seamos testigos del derribo de la puerta de la democracia. No procede el decir: “No voy a caer en provocaciones”, la ley se aplica al parejo. Y menos procede procede aquello de que: “Y no me vengan con que la ley es la ley”. Que Ayotzinapa no tenga una resolución, no legitima convertir su memoria en pretexto para vandalizar la vía pública. Exigir justicia no es incendiar, es perseguir responsabilidades, de ningún modo pretexto para delinquir.
Analista político
[SRC] https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-rubinstein/puertas-derribadas-democracia-traspasada/
