Galicia, Asturias y Castilla y León se unen para exigir la eliminación de peajes "ilegales" en la AP-9 y AP-66
Galicia, Asturias y Castilla y León han formado un frente común para exigir al Gobierno central la eliminación de los peajes en la AP-9 (autopista gallega de Ferrol a Tui) y la AP-66 (autopista del Huerna que une Asturias y León). Esta alianza surge tras un dictamen de la Comisión Europea que considera ilegales las prórrogas de las concesiones de estas autopistas, aprobadas sin concurso público.
El dictamen de la Comisión Europea y la reacción de las comunidades autónomas
La Comisión Europea dictaminó que la prórroga de las concesiones de la AP-9 y la AP-66, aprobada por el gobierno de José María Aznar, vulnera la normativa europea al no haberse convocado un concurso público. Ante esta resolución, los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León han iniciado contactos para coordinar una respuesta conjunta y exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez la anulación de los contratos y la eliminación del cobro de peajes.
El Ministerio de Transportes, en lugar de acatar la resolución de Bruselas, ha optado por negociar con las autoridades comunitarias, una decisión que ha generado indignación en las tres comunidades afectadas. Diego Maraña, portavoz de la asociación gallega de consumidores En Colectivo, critica que el gobierno siga permitiendo el cobro de peajes en base a concesiones que considera ilegales.
La situación en cada comunidad autónoma
En Galicia, la AP-9 es considerada una fuente importante de ingresos para su concesionaria, Audasa, controlada por el fondo de pensiones holandés APG. Según En Colectivo, la empresa obtiene un alto beneficio neto a costa de los usuarios gallegos. La Xunta de Galicia ha amenazado con recurrir a los tribunales si el gobierno central no facilita el acceso al expediente de la Comisión Europea.
En Asturias, el Gobierno del Principado, liderado por Adrián Barbón, ha decidido encabezar la lucha por la eliminación del peaje del Huerna, incluso en contra del criterio del Ministerio de Transportes. Barbón ha prometido respaldar las iniciativas políticas, judiciales y sociales que impulse la Alianza por las Infraestructuras. Esta alianza ha solicitado la bonificación total del peaje mientras se resuelve la situación legal.
En Castilla y León, la Junta ha intensificado los contactos con Galicia y Asturias para consolidar un frente común. Recuerdan que en mayo de 2024 ya solicitaron al Gobierno central la eliminación del peaje, tras un acuerdo unánime de las Cortes de Castilla y León. Argumentan que los peajes tienen un impacto negativo en los costes del transporte.
Próximos pasos y posibles escenarios
Las tres comunidades autónomas trabajan en la elaboración de una declaración conjunta para exigir al Ministerio de Transportes el rescate de los peajes. En paralelo, las cámaras de comercio de los tres territorios están estrechando lazos para presionar al gobierno. La estrategia del Principado de Asturias incluye la convocatoria de una reunión de la Alianza por las Infraestructuras para diseñar una movilización social.
El eurodiputado socialista Jonás Fernández advierte que la supresión del peaje del Huerna podría acabar en un litigio en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el gobierno central no actúa. La eurodiputada del PP Susana Solís, por su parte, considera que la decisión final recae en el Ministro de Transportes, Óscar Puente.
| Autopista | Comunidades Autónomas Afectadas | Situación Legal | Próximos Pasos |
|---|---|---|---|
| AP-9 | Galicia | Prórroga de concesión considerada ilegal por la Comisión Europea | La Xunta amenaza con recurrir a los tribunales si no se facilita el expediente. |
| AP-66 (Huerna) | Asturias y León (Castilla y León) | Prórroga de concesión considerada ilegal por la Comisión Europea | El Principado lidera la Alianza por las Infraestructuras para la bonificación del peaje y la movilización social. |
