Fiscalía de Brasil Acusa a Eduardo Bolsonaro por Presión en Juicio Contra su Padre
La Fiscalía General de Brasil acusó formalmente este lunes al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de "coacción" contra el sistema judicial. La acusación se centra en las presuntas amenazas de Eduardo Bolsonaro de buscar sanciones de Estados Unidos si el proceso judicial contra su padre no resultaba favorable.
Detalles de la Acusación
Según la Fiscalía, Eduardo Bolsonaro, desde Estados Unidos, habría amenazado con movilizar contactos en Washington para presionar con medidas económicas y diplomáticas. El objetivo, según el ente acusador, era influir en el proceso contra su padre, Jair Bolsonaro, quien recientemente fue condenado a 27 años de prisión por su rol en el intento de golpe de Estado de 2023.
El Ministerio Público considera que las acciones de Eduardo Bolsonaro fueron "inequívocas y consistentes", buscando "someter los intereses de la República y de toda la colectividad a sus propios designios personales". Junto a él, también fue procesado el "influenciador" Paulo Figueiredo, acusado de participar en la misma estrategia de presión. Sin embargo, la Fiscalía no imputó a Jair Bolsonaro, aunque la policía había recomendado su inclusión en la causa.
El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado por el Supremo Tribunal Federal por alentar la insurrección que buscaba desconocer los resultados electorales de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. La defensa de Eduardo Bolsonaro, por su parte, ha calificado la acusación como una "persecución política".
Escalada Diplomática y Sanciones de Estados Unidos
La situación ha escalado a nivel internacional tras conocerse que, en paralelo a la imputación de Eduardo Bolsonaro, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Brasil. El gobierno de Donald Trump impuso aranceles del 50% a ciertas exportaciones brasileñas y extendió la Ley Magnitsky a figuras del sistema judicial.
Entre los sancionados se encuentra Viviane Barci, esposa del juez Alexandre de Moraes, encargado del juicio contra Bolsonaro, y la consultora paulista Lex-Instituto de Estudios Jurídicos. Estas sanciones implican congelación de activos, suspensión de visados y prohibición de transacciones con entidades estadounidenses.
El magistrado Moraes calificó la medida como “una intromisión inaceptable” y un atentado contra la soberanía e independencia judicial de Brasil. El gobierno de Lula da Silva expresó su “profunda indignación”, calificando las sanciones de injerencia extranjera y advirtiendo que Brasil no aceptará presiones externas sobre su sistema democrático.
Reacciones Internacionales
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusó a Moraes de liderar una campaña de “censura y procesos politizados”, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, lo responsabilizó de “graves abusos contra los derechos humanos”.
El gobierno de Lula da Silva respondió a estas acusaciones, calificando las sanciones como un nuevo "intento de injerencia" de Estados Unidos en asuntos internos. La tensión entre Washington y Brasilia ha aumentado significativamente tras estos eventos.
