Miles de abogados, procuradores, arquitectos, arquitectos técnicos y otros profesionales que han cotizado hasta ahora a sus respectivas mutualidades en lugar de a la Seguridad Social han vuelto a salir a las calles en Madrid este sábado para exigir un sistema —que denominan pasarela— que les permita poder cobrar una pensión pública, en lugar de las prestaciones de la mutualidad. En lo que los manifestantes han denominado una marea negra, ya que muchos de ellos vestían sus togas, han exigido por el centro de la capital y ante las puertas del Congreso de los Diputados, donde se tramita una proposición de ley para dar solución a su problemática, “pensiones dignas ya”.
La necesidad de organizarse y reclamar esta pasarela surgió entre estos profesionales hace unos tres años cuando muchos de ellos se encontraron con que, tras más de 30 o 40 años de cotización a estas entidades, las prestaciones que iban a cobrar eran mucho más bajas que las pensiones mínimas que cobran los autónomos del sistema público, ya que, por lo general sus aportaciones también han sido menores.
Dos abogadas de 63 años, llegadas desde Sevilla a la manifestación, cuentan que tienen 40 años cotizados a la mutualidad de la abogacía porque cuando se colegiaron era obligatorio y después “nadie nos informó de los cambios que se producían en el sistema ni en nuestras aportaciones”, explican; y, ahora, les han calculado que su pensión oscilará entre los 168 y 200 euros al mes.
La problemática afecta a más de 100.000 de estos trabajadores de toda España (más de 70.000 abogados y procuradores y unos 35.000 arquitectos y arquitectos técnicos fundamentalmente) que cotizaron de forma obligatoria a las mutualidades de previsión social de sus respectivos colegios profesionales hasta 1996. Desde entonces, debían escoger seguir en la mutualidad o pasar a la Seguridad Social, pero no podían rescatar sus aportaciones a las mutualidades hasta su jubilación, por lo que muchos decidieron no pasar al sistema público.
Por ello, hace ya unos tres años que se organizaron en distintas asociaciones para reclamar al Gobierno la citada pasarela con la que llevar sus cotizaciones al régimen de autónomos de la Seguridad Social (RETA). Tras presionar desde distintos frentes para que se llevara a cabo esta regulación, consiguieron que sus reivindicaciones entraran en el Congreso de los Diputados, primero a través de enmiendas a la ley de Eficiencia de la justicia, donde no prosperaron; y desde hace cuatro meses, mediante una proposición de ley del Partido Socialista.
Este proyecto normativo acaba de reactivarse con la finalización del plazo de presentación de enmiendas parciales este pasado jueves, 25 de septiembre. Ahora, los diputados deberán negociar qué cambios incluyen el el proyecto de ley, primero en ponencia y luego en comisión. Posteriormente el texto que se consensúe irá al Pleno del Congreso, que a su vez lo enviará al Senado, para después volver a la cámara baja y entrar finalmente en vigor.
Precisamente, los organizadores de estas protestas (la Plataforma de Afectados por las Mutualidades que integra a #J2 Altermutua, #J2 provinciales, ALA, Marea Negra y el Sindicato Venia; el Movimiento #J2 Abogacía y Procura, la Asociación ANAMA y la Asociación ANMARQ) pretenden ejercer presión en las calles para influir en el diseño final del proyecto de ley que se tramita en el Congreso.
No obstante, aunque han logrado aunar fuerzas en la protesta de este domingo, no han podido consensuar una plataforma conjunta de reivindicaciones.
De hecho, la Plataforma de Afectados por las Mutualidades y el movimiento #J2 defienden como clave de esta pasarela que, por cada año cotizado en la mutualidad, se considere cotizado al RETA, tanto en el número de años como en sus bases de cotización. De ahí su lema 1x1 para todos. Esta reclamación solo es apoyada por los grupos minoritarios del Congreso, ya que el PSOE defiende que solo puedan acceder a la pasarela quienes hayan cotizado al menos 15 años a la mutualidad, fueran mutualistas a 1 de enero de 2013 y estuvieran en activo a 31 de diciembre de 2022. Pero sobre todo, los socialistas quieren aplicar unos coeficientes que ajusten la cotización de cada año a las contingencias exclusivas que sirven para generar los derechos de jubilación. Mientras, desde el PP abogan porque esta fórmula para determinar el traspaso de cotizaciones se estudie en una subcomisión dependiente de la Comisión del Pacto de Toledo.
Además de esta fórmula, que podría salir adelante según lo que pacten PSOE y PP, las fuentes consultadas indican que hay otras cuestiones en liza relacionadas con los criterios de exclusión de mutualistas que plantea la proposición de ley socialista. Por ejemplo, el citado requisito de que solo puedan acogerse a la pasarela quienes estuvieran cotizando a una mutualidad antes enero de 2013; la eliminación del sistema de alternancia desde 2027 (que obligaría a que a partir de ese año todos estos profesionales cotizaran forzosamente a la Seguridad Social) o poder extender la pasarela a los profesionales pasivos, que ya no ejercen (alrededor de 3.000 personas).
En cualquier caso, la abogada de la ANAMA, Raquel Rico, ha explicado que es necesario que la proposición de ley que se tramita ahora en la cámara baja salga adelante, para que, al menos, todos los que no puedan beneficiarse de ella o no estén de acuerdo con las pensiones que vayan a recibir puedan acudir a reclamar sus pensiones a los tribunales.
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