El Precio del Estado: ¿Se Vende la Gobernanza?
Un reciente análisis examina cómo las acciones gubernamentales, especialmente durante la administración de Donald Trump, parecen estar convirtiéndose en transacciones comerciales. Se cuestiona si esta tendencia, presente también en administraciones anteriores como la de Ronald Reagan, socava los principios fundamentales de la relación entre el Estado y los ciudadanos. El debate se centra en la objetividad del mecanismo de precios en la prestación de servicios estatales.
La "Trump Gold Card" y el Precio de la Influencia
El artículo original destaca medidas como el supuesto precio de 100.000 dólares para las visas profesionales H-1B en Estados Unidos, afirmando que no se trata de una tasa, sino del costo para las instituciones patrocinadoras que deseen contratar personal extranjero. También se menciona la existencia de una "Trump gold card", que facilitaría la residencia permanente a cambio de un millón de dólares. Se argumenta que esta y otras prácticas transforman la acción gubernamental en una serie de transacciones comerciales.
Se ejemplifica con el caso de la Universidad de Columbia, que según el artículo, tuvo que pagar 200 millones de dólares para recuperar fondos estatales previamente aprobados para investigación. También se alude a la exigencia de la administración Trump a grandes bufetes de abogados estadounidenses de ofrecer servicios legales pro bono a cambio de acceso a clientes y edificios gubernamentales.
Reagan y la Evaluación del Impacto Económico de las Regulaciones
El texto analiza cómo la administración de Ronald Reagan, mediante una orden ejecutiva de 1981, requirió que todas las regulaciones importantes se sometieran a una evaluación de impacto. Se definían como "importantes" aquellas regulaciones que costaran a la economía cien millones de dólares o más al año, afectando negativamente la competencia, el empleo o la inversión. Este análisis sugiere que la política gubernamental se subordinaba al impacto económico, favoreciendo a las empresas.
¿Corrupción o Mecanismo de Precios?
Se plantea si "poner precio a todo" se asemeja a la corrupción. Aunque se reconoce que la legalidad del pago a las arcas públicas lo diferenciaría del soborno, se cuestiona si la provisión de servicios estatales debe basarse en el mecanismo de precios, lo que podría violar principios fundamentales de la relación entre Estado y ciudadanos.
El Contrato Social y los Límites de la "Corporación Definitiva"
El artículo argumenta que las democracias constitucionales se basan en un contrato social, donde los ciudadanos delegan poderes limitados al Estado a cambio de protección y prosperidad. Se advierte sobre los peligros de dirigir el Estado como una "corporación definitiva", citando ejemplos históricos como la Compañía Británica de las Indias Orientales y la Compagnie du Congo Belge, que explotaron a las poblaciones colonizadas en busca de rentabilidad.
La conclusión es que la codicia no tiene límites y que los sistemas de controles y contrapesos, junto con las cartas de derechos, son esenciales para vincular el propósito del Estado con los intereses del pueblo, previniendo el avasallamiento de la sociedad por parte de una "corporación definitiva".
