El Régimen de Ortega Cobra Extorsiones a Nicaragüenses para Permitirles Regresar al País
El régimen copresidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha implementado una práctica de extorsión a ciudadanos nicaragüenses que desean regresar al país, especialmente a aquellos percibidos como opositores o críticos. Se les niega inicialmente el reingreso y luego se les exige el pago de sumas de dinero, a veces elevadas, para revocar la prohibición.
El Caso de José David: Un Testimonio Anónimo
José David (nombre ficticio para proteger su identidad) pasó más de dos años sin salir de Nicaragua por temor a que le impidieran regresar. Durante unas vacaciones en Miami, la aerolínea le notificó que Migración y Extranjería le negaba el reingreso a su país, confirmando sus peores temores.
Tras quedar varado en Miami, José David buscó desesperadamente una manera de volver a su trabajo, su novia y su familia en Nicaragua. Circulaban rumores de que escribir al Ministerio de Gobernación podría facilitar el retorno.
Extorsión y Represión Migratoria: Un Sistema en Funcionamiento
José David contactó al Ministerio de Gobernación, dirigido por el viceministro Luis Cañas, conocido como el "arquitecto de la represión migratoria". Le solicitaron un anticipo de 1.000 dólares para "estudiar su caso" y, si era "aprobado", debía pagar 5.000 dólares adicionales. El monto de la extorsión varía según la capacidad económica de la víctima.
Las aerolíneas están obligadas a enviar las listas de pasajeros tres días antes del vuelo, lo que permite al régimen sandinista perfilar a los viajeros. Una fuente de Migración reveló que existen listas negras ampliadas de personas vetadas, incluso por comentarios críticos en redes sociales. "Basta con buscar en Internet información del pasajero, sobre todo en redes sociales, y si tiene alguna publicación contraria al Gobierno, se le niega automáticamente el ingreso. No sé cuál es la razón, pero es lo que han instruido", declaró la fuente.
Después de ser acusado de "golpista" y "traición a la patria", José David, con la ayuda de su familia, pagó la extorsión y fue advertido de no denunciar lo sucedido.
Más de 300 Casos y Cobros de Hasta 25.000 Dólares
Organizaciones de derechos humanos, como el Monitoreo Azul y Blanco, han contabilizado más de 300 personas a las que se les ha impedido regresar a Nicaragua en lo que va de 2025. El subregistro se cree que es alto por temor a represalias. Las extorsiones pueden alcanzar los 25.000 dólares, incluso dirigidas a empresas que buscan el regreso de sus empleados.
El Impacto Devastador y la Denuncia de la ONU
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (ONU) ha denunciado que estas expulsiones y bloqueos forman parte de un plan sistemático de persecución y destierro ordenado por Ortega y Murillo. Han convertido a cientos de nicaragüenses "en apátridas de facto".
La ONU calificó estas prácticas como crímenes de lesa humanidad, al sumarse a desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2018. "El impacto humano es devastador: familias divididas, ciudadanos atrapados en países distantes y empresas bajo chantaje", subraya el informe.
